DEL TURISMO SANITARIO

Del Tribunal de Cuentas ha salido a la luz un informe de fiscalización sobre la atención sanitaria en 2009 que con cifras de la atención a extranjeros evidencia la realidad del Turismo Sanitario en España.

En primer lugar, el informe ha denota deficiencias en el intercambio de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión (ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Estos fallos en el intercambio de información -que ya han sido subsanados, según el propio Tribunal- incidieron en la eficacia y eficiencia de la gestión de la facturación emitida a España, lo que causó pérdidas de unos 20 millones de euros entre 2007 y 2008. Pero eso no es casi nada; es cosa del Reino Unido y número de facturas que nos remite y no del coste real de los tratamientos que no paga.

El informe va a más; y aunque no se alardea de criticarlos mucho porque son vecinos peninsulares, el Tribunal sí ha detectado que el número de facturas emitidas a ciudadanos de Portugalsupera significativamente el promedio” del resto de los países de la UE, concentrándose las prestaciones sanitarias prestadas en las provincias de Badajoz y Pontevedra, las limítrofes mejor dotadas asistencialmente. Sólo en Galicia supone un extra de 60 millones de euros; de Extremadura no he conseguido los datos al no estar pormenorizados. Vamos, que existe un “importante” número de ciudadanos portugueses que se trasladan a España “de manera deliberada”, señala el espabilado redactor del informe, para recibir atención médica, y no se encuentran en estancia temporal en España. Va a más lo redactado: “lo que desnaturaliza el objetivo de la Tarjeta Sanitaria Europea, que solo debe usarse de manera coyuntural”. Francia no va a la zaga; ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Bélgica… somos un coladero sanitario.

Yendo a más, el informe dice que “España sólo emite facturas por un total de 103.672 pensionistas extranjeros -residentes en España- a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados es España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas a las que se atiende en España y por las que España no percibe ninguna cuota”. Vamos que esas cifras no se las merienda ya nadie por muy de 2009 que sean. Pero con esas andamos.

Y lo mismo que dice una cosa el citado informe, señala la recíproca: de los otros países nos pasan facturas hasta del aire que respiran y a las que sí debemos hacer frente. Así, “en 2009 -dice el informe-, España recibió 3.148 facturas por tratamientos odontológicos recibidos por españoles en Alemania, Francia y Bélgica, países donde estas prestaciones están cubiertas por sus sistemas nacionales de salud”. Y nosotros pagamos.

El terrible informe también hace hincapié en el “elevado coste económico” que supone la asistencia sanitaria a extranjeros sin recursos económicos suficientes. Este colectivo, que dice que suma 453.349 personas, costó en 2009 a la arcas del Estado 451,48 millones euros. Por ello se pide, en el texto, al Gobierno que impulse las medidas legislativas necesarias para que el citado coste recaiga sobre los países de origen de los pacientes… lo que en la mayoría de los casos es imposible.

Hay casos en los vamos de quijotescas hermanitas de la Caridad que llaman la atención. En Ceuta y Melilla se atiende a las marroquíes parturientas y a los menores marroquíes por la imposibilidad que tienen ellas y ellos de acceder al parto y a la atención urgente en su hospital Nador, por ejemplo. Ellos lo saben, y lo aprovechan: y se les da la factura de la atención a sabiendas de que su sistema sanitario nunca la pagará. La Ley de Extranjería y la Ley del Menor obliga los centros sanitarios de Ceuta y Melilla a atender estas cuestiones. Jódete Manuel, cómo está el parque.

En la Comunidad Valenciana se atiende a unos 400.000 extranjeros con un coste extra de 320 millones de euros anuales… y en toda España, y de forma oficial, sólo hay 103.672 pensionistas extranjeros censados.

El 19 de enero de 2011 la UE aprobó una Directiva que regulaba la asistencia transfronteriza (Directiva 2011/24/UE) que no se aplicó en España ni por el gobierno del PSOE ni por el de las Comunidades Autónomas. En España residen oficialmente más de 3 millones de extranjeros de forma legal y a tenor de las estadísticas, unos 550.000 tienen más de 55 años. Pero con datos del informe de 2009, unos 700.000 extranjeros pasaron por los quirófanos españoles con un coste de 971 millones de euros. Pero es que hay algo más grave: el Real Decreto 240/2007, que traspone la anterior Directiva europea 2004/38, obvia el contenido del artículo 7, que establece una clara garantía para impedir que los ciudadanos de unos países abusen del sistema asistencia de otros. En concreto, ese artículo establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en otro estado miembro durante más de tres meses si es trabajador por cuenta ajena o propia en el estado de acogida, o “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida”. Según Sanidad, la supresión de ese artículo supone que España no puede facturar los servicios sanitarios prestados a cientos de miles de ciudadanos. Vamos a solucionarlo.

El colmo es que hay páginas web que te dicen cómo acceder al turismo sanitario en España: desde las oficiales del gobierno de su graciosa Majestad, ahora casi de jubileo sexagenario http://ukinspain.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/living-in-spain/  a otras como http://immersivemedical.com/medical-tourism_spain_2.html y  http://www.treatitabroad.co.uk/MedicalTreatmentsInSpain.html; incluso hay páginas que te informan hasta del ahorro que supone hacer turismo sanitario en España:  http://www.treatmentinspain.com/medical-tourists/surgery/costs/

Esto es demencial.

A ver si esta iniciativa de la ministra Ana Mato y del Gobierno del PP pone coto a todo esto: desde los panchitos a los moritos pasando por los europeitos de morro gordo. La Directiva 2011/24/UE daba 2 años para actuar; estamos en plazo. Actuemos.

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